Durante la dictadura civil-militar en Chile se desplegó una política sistemática de represión que derivó en la ejecución extrajudicial de 2.124 personas, como parte de un plan orientado a eliminar la disidencia política y social.
Las víctimas fueron, en su mayoría, obreros, campesinos, estudiantes, profesionales y dirigentes sociales: hombres y mujeres profundamente comprometidos con sus comunidades y con un ideal de justicia social. Muchas de estas personas fueron sometidas a consejos de guerra sin garantías procesales o ejecutadas bajo el montaje de falsos enfrentamientos. En el Día Nacional de la Ejecutada y el Ejecutado Político, y a 52 años de estos crímenes, se reafirma el deber de la memoria y el compromiso con la verdad y la justicia: nada ni nadie está olvidado.